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Se ha aprobado un nuevo documento donde se han tipificado faltas "muy graves"
Este viernes, el pleno extraordinario urgente del El Poble Nou de Benitatxell ha aprobado, por segunda vez después de unas enmiendas en el documento original, la solicitud de incoación de procedimiento disciplinario contra el secretario interventor del Ayuntamiento, Jesús Ángel Castro Revorio, por negarse a pagar las facturas a proveedores y contratistas del Ayuntamiento. Esta enmienda, requerida por la Dirección General de Administración Local, tenía como objetivo tipificar y detallar las faltas cometidas.
Esta "negativa injustificada", según el alcalde, Miguel Ángel García, a remitir las transferencias bancarias correspondientes al pago de las facturas aprobadas, ha causado un perjuicio a proveedores y contratistas, que podrían exigir intereses de demora, además de las eventuales indemnizaciones por los daños derivados del atraso en el pago.
En la sesión plenaria se ha aprobado un nuevo documento donde se han considerado las siguientes faltas "muy graves": desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas, exceso o arbitrariedad en el uso de la autoridad que causa perjuicio al servicio y abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
En el apartado de ruegos y preguntas, el concejal del grupo Gent per Benitatxell, Toni Colomer, ha solicitado transmitir también al Colegio de Secretarios la mala praxis del secretario interventor municipal "por el gran perjuicio que está causando en El Poble Nou de Benitatxell", no solo con el impago de las facturas, sino con otras maniobras "para intentar beneficiar al grupo que lidera la oposición".
Así mismo, el alcalde, Miguel Ángel García, ha recordado que esta misma semana se ha hecho público que el secretario denunció al propio ayuntamiento a la Agencia Española de Protección de Datos, la cual ha archivado el caso. "Nos sorprende cuando en el pasado ha habido total impunidad en esta materia y en otras como la contratación pública, con gente con contratos totalmente ilegales. Y ahora que se está cumpliendo, como tal vez no gobierna quién él desearía, denuncia al propio ayuntamiento, con todas las repercusiones negativas que esto podría comportar".
Los motivos para solicitar la incoación de expediente disciplinario
Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2020, día en que se celebró una Junta de Gobierno Local al ayuntamiento, el orden del día de la cual incluía la aprobación de un listado de facturas. Al no constar en el expediente ninguna objeción de Intervención formulada en tiempo y forma, se aprobó por unanimidad de los asistentes el pago de las facturas.
Sin embargo, al día siguiente, el secretario interventor manifestó que no tenía intención de remitir las transferencias bancarias y, posteriormente, desatendió la orden de pago emitida por la Alcaldía. Cumpliendo su amenaza, el 3 de noviembre rechazó la firma de la remesa de transferencias bancarias y, finalmente, el 4 de noviembre elaboró un documento con el título ‘Informe de Reparos’, en el cual manifestaba su disconformidad con la aprobación de las facturas.
El informe fue elaborado siete días después de que la Junta de Gobierno acordara la aprobación, cosa que supone una "flagrante vulneración" del artículo 215 de la Ley de Hacienda Local, que exige que la objeción se formule con anterioridad a la adopción del acuerdo.
"Ni el secretario del Ayuntamiento, ni ningún otro funcionario, puede imponer su criterio por la fuerza e ignorando olímpicamente la ejecutividad de los actos administrativos u órdenes que no sean de su agrado", afirmó García, que reseñó que la negativa del secretario interventor estaría injustificada incluso en el supuesto de que realmente hubiera habido objeciones a varias facturas, puesto que es el alcalde el órgano competente para resolver la discrepancia.
Pero es que, además, el gobierno local también denuncia la "parálisis generalizada" que está causando el secretario en el funcionamiento del ayuntamiento desde que volvió de una prolongada baja médica el pasado mas de agosto, "con continuas trabas a procedimientos administrativos habituales y ordinarios a los que no ponía ninguna objeción durante el mandato de las anteriores corporaciones".
Un cambio "injustificado" de actitud que el equipo de gobierno atribuye a un "afán de revancha" por las diligencias penales por delito de malversación que un juzgado de Dénia ha abierto contra Castro en base a una denuncia presentada durante la pasada legislatura por la entonces oposición, ahora en el gobierno municipal.