-
En su resolución de archivo, la AEPD alude a la “falta de indicios racionales de la existencia de una infracción”
-
El equipo de gobierno denuncia que esta reclamación es una estrategia para intentar anticiparse y tapar el hecho de que durante su baja médica, el secretario accedió y descargó “indebidamente” archivos municipales
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado, en apenas unos días, la denuncia que interpuso el pasado mes de agosto el secretario interventor municipal, Jesús Ángel Castro Revorio, contra el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell por una presunta vulneración de la protección de datos. Tras remitir el consistorio sus argumentos a finales del pasado mes de noviembre, la AEPD ha emitido una resolución de archivo en la que alude a la “falta de indicios racionales de la existencia de una infracción”.
La investigación por una presunta vulneración del derecho de protección de datos se inició el pasado 24 de agosto tras la interposición de una reclamación por parte del secretario interventor. En ella, el señor Castro aseguraba que el consistorio había permitido el acceso a la aplicación Gestiona a trabajadores externos y personal de confianza, hecho que, según su criterio, “comprometía la exigible confidencialidad en el tratamiento de datos personales y el derecho a la intimidad”.
Sin embargo, en la denuncia no se detallaban aquellos aspectos que pudieran ser lesivos para los derechos y libertades fundamentales de las personas, ni qué accesos al sistema de información municipal supusieron una presunta violación del derecho a la protección de datos personales.
En este sentido, tal y como resalta el equipo de gobierno, en la denuncia “simplemente se hacen consideraciones genéricas respecto al funcionamiento del Ayuntamiento y su plantilla, que nada tienen que ver con la protección de datos, y que denotan la animadversión personal del secretario interventor hacia el actual equipo de gobierno y sus colaboradores”. Además, según aclaran, es el alcalde, Miguel Ángel García, quien ostenta la jefatura de todo el personal, por lo que él puede decidir a quién otorgar los permisos necesarios según el puesto de trabajo y las competencias para la gestión de los distintos expedientes municipales.
Asimismo, en respuesta a otra de las quejas del señor Castro, el ejecutivo local ha subrayado que una de sus prioridades ha sido la adecuación a la normativa de protección de datos, algo que nunca antes había planteado el anterior gobierno. De hecho, durante este 2020 se está procediendo a la adecuación del Ayuntamiento a la normativa de protección de datos, para lo que se ha contratado a una empresa especializada, la cual ha puesto a disposición a un Delegado de Protección de Datos que se ha encargado de formar al personal y revisar que se cumple la normativa en todas las áreas municipales.
Por el contrario, recuerdan, “antes de nuestra constitución como corporación, esta obligación legal ni se había afrontado, ni había informes que recomendaran su necesidad legal. Llama la atención que sea justo ahora cuando el secretario haya decidido denunciar una presunta vulneración de la protección de datos, cuando nunca antes había puesto ninguna objeción. Una muestra más de amiguismo político con el anterior gobierno y rivalidad con el actual”.
Desde el equipo de gobierno advierten que la denuncia del secretario municipal “no es más que un escudo preventivo que ha puesto en marcha precipitadamente para tratar de anticiparse y tapar la mala praxis que él sí ha cometido en materia de protección de datos”. Y es que, como denuncia el ejecutivo, durante el periodo de su baja médica, en el que no tenía facultad para ejercer, y desde su domicilio particular, Jesús Ángel Castro ha accedido en numerosas ocasiones a la plataforma Gestiona y ha descargado archivos municipales. “¿Por qué y para qué? Nos hace sospechar que para filtrar información para que otros la utilicen indebidamente contra nuestro gobierno”.